EL PODER JUDICIAL Y EL SISTEMA DE JUSTICIA:
Estimado
alumno, el presente material está concebido como una guía de orientación para
el estudio del Tema, es necesario que utilices la bibliografía recomendada por la Universidad-Facultad
de Derecho, y las indicadas por el profesor
Las
obras aquí señaladas han sido utilizadas para la elaboración de la guía y son
básicas para el estudio de este Tema
EL PODER JUDICIAL Y EL SISTEMA DE JUSTICIA: LA INDEPENDENCIA DEL
PODER JUDICIAL. EL ESTATUTO DEL JUEZ: CARRERA JUDICIAL Y CONCURSO DE OPOSICIÓN.
EL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL. EL TRIBUNAL SUPREMO DE
JUSTICIA. LA
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA JUSTICIA.
El Poder Judicial
(Síntesis
de La Constitución
de 1999 Allan R. Brewer Carías [1])
1. Principios fundamentales
a.
La potestad judicial y el sistema de justicia
Conforme
al artículo 253 de la
Constitución , la potestad de administrar justicia emana de
los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad
de la ley.
Además,
conforme al artículo 26 de la
Constitución , el Estado debe garantizar "una justicia
gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos o
reposiciones inútiles".
Conforme
al artículo 253 corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las
causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen
las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.
El
sistema de justicia, es decir, los órganos del Poder Judicial, está constituido
por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley,
el Ministerio Público, la
Defensoría Pública , los órganos de investigación penal, los
auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios
alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de
justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio.
b.
La independencia y autonomía financiera del Poder Judicial
El
principio de la independencia del Poder Judicial está declarado en el artículo
254 de la Constitución ,
el cual, además, establece la autonomía financiera del mismo. Dicha norma, en
efecto, dispone que el Tribunal Supremo de Justicia goza de "autonomía
funcional, financiera y administrativa".
A
tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le debe asignar al
sistema de justicia una partida anual variable, no menor del 2% del presupuesto
ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no puede ser
reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional.
c.
La gratuidad de la justicia
El
artículo 26 de la
Constitución garantiza la "justicia gratuita" por lo
que conforme a] mismo artículo 254 de la Constitución , el
Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir
pago alguno por sus servicios.
d.
El proceso y los medios alternativos de justicia
Conforme
al artículo 257, el proceso constituye un instrumento fundamental para la
realización de la justicia. Por ello, las leyes procesales deben establecer la
simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un
procedimiento breve, oral y público.
En
ningún caso se debe sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no
esenciales. Esto lo complementa el artículo 26 de la Constitución al
establecer que el Estado debe garantizar una justicia expedita, sin dilaciones
indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles.
Por
su parte, el artículo 258 de la
Constitución remite a la Ley para promover el arbitraje, la conciliación,
la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de
conflictos.
e.
Las jurisdicciones
En
la Constitución
se establecen algunas normas que regulan en particular, algunas jurisdicciones.
La
jurisdicción constitucional
La
jurisdicción disciplinaria judicial
El
artículo 267 de la
Constitución establece la jurisdicción disciplinaria
judicial, remitiendo a la Ley
la determinación de los Tribunales disciplinarios que la ejercerán.
La
jurisdicción contencioso administrativa
El
artículo 259 de la
Constitución de 1999 dispone que:
La
jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de
Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la
jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos
administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por
desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de
daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración ;
conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo
necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas
lesionadas por la actividad administrativa.
La
jurisdicción electoral
De
acuerdo con el artículo 297 de la Constitución debe existir una jurisdicción
contencioso-electoral ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y
los demás tribunales que determine la ley.
La
jurisdicción penal militar
Conforme
al artículo 261, la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder
Judicial, y sus jueces deben ser seleccionados por concurso. Su ámbito de
competencia, organización y modalidades de funcionamiento se deben regir por el
sistema acusatorio, de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de
Justicia Militar.
En
todo caso, la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios,
limitándose la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza
militar.
La
ley debe regular lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la
competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté
previsto en la
Constitución.
La
justicia de paz
Siguiendo
la orientación de la Ley
Orgánica de la
Justicia de Paz, el artículo 258 remite a la ley la
organización de la justicia de paz en las comunidades previendo, además, que
los jueces de paz deben ser elegidos por votación universal, directa y secreta,
conforme a la ley.
El
régimen jurisdiccional en los pueblos indígenas
Conforme
al artículo 260 de la
Constitución se autoriza a las autoridades legítimas de los
pueblos indígenas para aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en
sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución , a la
ley y al orden público.
En
todo caso, la ley debe determinar la forma de coordinación de esta jurisdicción
especial con el sistema judicial nacional.
2. El régimen general de
la carrera judicial
El
régimen de concursos De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 255 de la Constitución , el
ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se debe hacer por
concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los
participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales,
en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de
los jueces corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley debe garantizar
la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de
los jueces.
Estabilidad
Los jueces sólo
pueden ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos
expresamente previstos en la ley.
Profesionalización
La ley debe propender
a la profesionalización de los jueces, a cuyo efecto las Universidades deben
colaborar en este propósito, organizando en los estudios universitarios de
Derecho la especialización judicial correspondiente.
Responsabilidad
Tal como lo señala el
artículo 255 de la
Constitución , los jueces son personalmente responsables, en
los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones
injustificadas, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por
denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que
incurran en el desempeño de sus funciones.
Incompatibilidades
Con la finalidad de
garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus
funciones, el artículo 256 de las Constitución prescribe que los magistrados,
jueces, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos, desde la fecha
de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no pueden, salvo el
ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial,
sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas
incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer
ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas.
Prohibición
de asociación de los jueces Se
prohíbe a los jueces asociarse entre sí (art. 256). Esto constituye, sin duda,
una limitación constitucional al derecho de asociación (art. 52).
3. El Tribunal Supremo
de Justicia
Salas
El Tribunal Supremo
de Justicia funciona en Sala Plena y en Sala Constitucional,
Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Casación Penal y de
Casación Social, cuya integración y competencia deben ser determinadas por su
ley orgánica, regulándose sólo la competencia de la Sala Social en lo
referente a la casación agraria, laboral y de menores (art. 262).
Magistrados
De acuerdo con el
artículo 263 de la
Constitución , para ser Magistrado del Tribunal Supremo de
Justicia se requiere:
1.
Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad
conforme al artículo 41 de la
Constitución.
2.
Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.
3.Ser
jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la
abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de
postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora
universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la
categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza
superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula,
con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y
reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
4.
Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley.
Postulación El artículo 264 de la Constitución remite a
la Ley la
determinación del procedimiento de elección de los Magistrados del Tribunal
Supremo. Sin embargo, precisa directamente que, en todo caso, podrán postularse
candidatos ante el Comité de Postulaciones Judiciales (art. 270), por
iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El
Comité, oída la opinión de la comunidad, debe efectuar una preselección para su
presentación al Poder Ciudadano, el cual debe efectuar una segunda preselección
que debe ser presentada a la Asamblea Nacional , la cual en definitiva, es la
que debe efectuar la selección.
Los
ciudadanos pueden ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los
postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.
Periodo
El artículo 264
dispone que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deben ser elegidos
por un único período de doce años. En consecuencia, se excluye en reelección de
los Magistrados.
Remoción De acuerdo con el artículo 265, los
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia pueden ser removidos por la Asamblea Nacional
mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes,
previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya
calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.
Esta,
sin duda, es una inherencia no conveniente ni aceptable de la instancia
política del Poder en relación con la Administración de Justicia.
Las
atribuciones del Tribunal Supremo
El
Tribunal Supremo de Justicia, ejerce, en exclusiva, la jurisdicción
constitucional (art. 334), es la máxima autoridad judicial en la jurisdicción
contencioso-administrativa (art. 259), resuelve los conflictos entre
autoridades judiciales, conoce en exclusiva de los recursos de casación y de
interpretación y tiene a su cargo declarar si hay o no méritos para el
enjuiciamiento de altos funcionarios.
Tales
atribuciones están definidas en el artículo 266, en la forma siguiente:
- Ejercer
la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de
La
intervención en el enjuiciamiento de altos funcionarios del Estado tal y como
lo establece el artículo 282 Constitucional con relación al Defensor del Pueblo;
y además de acuerdo al mencionado art. 266 corresponde a la Sala Plena ejercer
estas competencias:
- Declarar
si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de
- Declarar
si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente o
Vicepresidenta de
La
intervención en la remoción de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano
El
artículo 233 dispone que el Tribunal Supremo pueda decretar la destitución del
Presidente de la República.
Por
otra parte, conforme al artículo 279 de la Constitución , el
Tribunal Supremo debe pronunciarse previamente a la remoción por la Asamblea Nacional
de los Titulares del Poder Ciudadano (Contralor General de la República , Fiscal
General de la República ,
Defensor del Pueblo). En igual sentido, el Tribunal Supremo debe pronunciarse
previamente a la remoción, por la
Asamblea , de los integrantes del Consejo Nacional Electoral
(art. 296). Estas competencias deben ejercerse en Corte Plena.
En
materia de jurisdicción contenciosa administrativa, las siguientes competencias
corresponden a la Sala
Político Administrativa
- Dirimir
las controversias administrativas que se susciten entre
- Declarar
la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos
administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando
sea procedente.
.
- Recursos
de interpretación
.Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de
los textos legales, en los términos contemplados en la ley. Esta
competencia actualmente se ejerce, conforme a
- Conflictos
de competencia judicial
Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o
especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el
orden jerárquico. Estas competencias se ejercen por las diversas Salas.
- Casación: Conocimiento del recurso de
casación. Esta competencia corresponde a
- El
gobierno y administración del Poder Judicial
- La competencia De acuerdo
con el artículo 267, entonces, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia
la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la
inspección y vigilancia de los tribunales de
Para
el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una
Dirección Ejecutiva de la
Magistratura , con sus oficinas regionales.
La
jurisdicción disciplinaria
La
jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales
disciplinarios que determine la ley (art. 267).
El
régimen disciplinario de los magistrados y jueces estará fundamentado en el
Código de Ética del Juez Venezolano, que debe dictar la Asamblea Nacional.
El
procedimiento disciplinario debe ser público, oral y breve, conforme al debido
proceso, en los tém1inos y condiciones que establezca la ley.
El
servicio de defensa pública
El
artículo 268 de la
Constitución remite a la Ley para establecer la autonomía y organización,
funcionamiento, disciplina e idoneidad del servicio de defensa pública, con el
objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de
la carrera del defensor.
La
organización judicial
La ley debe regular la organización de
circuitos judiciales, así como la creación y competencias de tribunales y
cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y
jurisdiccional del Poder Judicial. (art. 269)
El
Comité de Postulaciones
Igualmente,
el Comité debe asesorar a los colegios electorales judiciales para la elección
de los jueces de la jurisdicción disciplinaria.
Este
Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integrado por representantes de
los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la
ley.
El
sistema penitenciario
El
artículo 272, establece principios
generales sobre el sistema penitenciario, así: El Estado garantizará un sistema
penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto
a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán
con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación,
funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con
credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración
descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser
sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el
régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo
caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se
aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado
creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria
que posibilite la reinserción social del exintemo o exinterna y propiciará la
creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal
exclusivamente técnico.
BIBLIOGRAFIA
ARISMENDI
ALFREDO. Derecho Constitucional. Universidad Central de Venezuela. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Derecho Público. Caracas 2006
BREWER-CARIAS
ALLAN R. La Constitución
de 1999. Derecho Constitucional Venezolano. Editorial Jurídico Venezolana.
Caracas 2004
COMBELLAS
RICARDO. Derecho Constitucional. Una Introducción al Estudio de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela Ed. Mc Grau Hill- 2001
CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA: www.tsj.gov.ve/ . Decisiones Sala
Constitucional
MATERIAL DE LECTURA
BREVE ANALISIS DEL CONTENDIDO DEL ARTÍCULO 257 CONSTITUCIONAL
Artículo 257. °
El proceso constituye un instrumento fundamental para la
realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la
simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un
procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la
omisión de formalidades no esenciales.
CONCORDANCIA
Artículo 26 °
Toda
persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a
la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión
correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial,
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita,
sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
VALOR
PROTEGIDO
La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno
lo que le corresponde (Ulpiano).
Análisis
básico
1) De acuerdo al artículo
257 Constitucional, “el proceso constituye un instrumento fundamental para la
realización de la Justicia …”.
Si entendemos que un proceso es un conjunto de actividades que se
realizan o suceden con un fin determinado, podemos entonces determinar que en
el caso de análisis, el proceso es un conjunto sucesivo de actos regulados por
la ley que se cumplen ante los órganos jurisdiccionales (Tribunales) dirigidos
a la solución de una controversia surgida entre particulares o de estos con el
Estado, susceptible de ser solucionado mediante una decisión (sentencia) y cuyo
fin superior es la realización de la justicia.
2) Mas adelante ordena el
mencionado artículo lo siguiente:”Las leyes procesales establecerán la
simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un
procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la
omisión de formalidades no esenciales”
Es decir, que constituye una obligación para el legislador,
consagrar, en las leyes procesales los siguientes principios: de simplificación
de las formas procesales, de la eficacia procesal, de la unificación de los
trámites, de la celeridad procesal y
oralidad e inmediación.
A su vez se extiende la obligación al Juzgador para que no
sacrifique la justicia (justicia tardía no es justicia) porque en el transcurso
del proceso (juicio) no se hubiere cumplido con algún acto del mismo cuya
naturaleza no fuere esencial para su validez.; nos explicamos: todos los actos
señalados a cumplirse en un procedimiento determinado deben llevarse a cabo, si
por alguna razón se pasó uno por alto o su realización fue defectuosa, si es un
acto esencial (de orden público) debe retrocederse el procedimiento para
cumplirlo (reposición de la causa) y esto implica la anulación de todos los
actos que se sucedieron con posterioridad al acto incumplido y deben repetirse,
lo cual ocasiona un retardo considerable, al decir lo menos. Entonces, si ese
acto no realizado o realizado defectuosamente no es esencial, es decir, no
afecta los intereses de las partes ni el orden público, debe obviarse en
beneficio de la celeridad, economía y efectividad procesal, pues sería una
inútil reposición de la causa que nada aportaría en la definitiva decisión de
la controversia.
Simplificación de las formas procesales
Este principio determina que los actos procesales no deben estar
revestidos de formalismos inútiles que obstaculicen su viabilidad y dificulten
la consecución de la decisión judicial. La forma no es mas que un medio para
alcanzar un fin, por lo que no debe sacrificarse la justicia por la omisión de
una formalidad no esencial.
Se debe, en todo caso, cumplir con la uniformidad del proceso, lo
cual obliga a actuar conforme al principio de la legalidad de las formas
procesales que implica que los actos procesales, para tener eficacia jurídica,
deben realizarse del modo y en el orden establecido en la ley, y este modo debe
ser lo mas sencillo o simplificado posible, pero siempre dentro de la ley.
Eficacia procesal
Implica la uniformidad de los trámites y la simplificación de las
formas para obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de la actividad
procesal. La ley procesal debe evitar procedimientos farragosos, complejos,
repetitivos y extensos.
Unificación de los trámites
Determina la uniformidad que debe privar en el proceso, evitando
en lo posible la multiplicidad de procedimientos especiales. En nuestro caso
podemos observar que el proceso venezolano está orientado hacia el principio de
la oralidad.
Celeridad procesal
Íntimamente vinculado al principio de eficacia procesal, tiende a
aligerar el proceso para lograr una rápida y pronta solución de las
controversias planteadas, reduciendo los lapsos procesales para la tramitación
de los juicios y los plazos para que el juez dicte su decisión
Oralidad e inmediación
La oralidad significa el predominio de la forma oral sobre la
escrita como medio de expresión y comunicación de los sujetos procesales. La
inmediación es un presupuesto de la oralidad y constituye un principio procesal
que implica el contacto inmediato y directo del juez con las partes y las pruebas. Tanto las
audiencias como los actos de pruebas deben estar presididos por el juez que ha
de sentenciar el asunto.
En el proceso oral el juez se encuentra en relación directa con
las pruebas y con las partes y sus representantes
AUTOEXAMEN
1. Como está constituido el sistema de
justicia, es decir, los órganos del Poder Judicial?
2. El proceso constituye un instrumento
fundamental para la realización de la justicia, de acuerdo a la Constitución
Nacional
3. ¿A que órgano del sistema de justicia corresponde
el ejercicio de la jurisdicción constitucional y cual el objeto de esta
jurisdicción?
4. ¿A quien corresponde la jurisdicción
Contencioso Administrativa y cual es su competencia?
5. Explique en que consiste el régimen
de concurso dentro del régimen general de la carrera judicial.
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