EL PODER CIUDADANO
Estimado
alumno, el presente material está concebido como una guía de orientación para
el estudio del Tema, es necesario que utilices la bibliografía recomendada por la Universidad-Facultad
de Derecho, y las indicadas por el profesor
Las
obras aquí señaladas fueron utilizadas para la elaboración de esta Guía y son
básicas para el estudio del Tema
EL PODER CIUDADANO: PODER MORAL Y PODER
CIUDADANO. EL CONSEJO MORAL REPUBLICANO. EL DEFENSOR DEL PUEBLO. EL FISCAL
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL
MINISTERIO PÚBLICO. LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Una
innovación de la
Constitución de 1999 ha sido declarar formalmente como formando
parte de la distribución del Poder Público Nacional, además del Poder
Legislativo Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial, tanto
al Poder Ciudadano como al Poder Electoral (art. 136).
En
cuanto al Poder Ciudadano, el mismo lo ejercen dos órganos de rango
Constitucional con tradición en el país, como la Contraloría General
de la República y el Ministerio
Público (Fiscalía General de la República )
y un órgano nuevo creado por la
Constitución de 1999, el Defensor del Pueblo en la
orientación general de los organismos similares creados en toda América Latina.
Composición
y funciones del Poder Ciudadano
Conforme
al artículo 273 de la
Constitución los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo,
el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
Estos
órganos tienen a su cargo, como atribución común de conformidad con la Constitución y la
ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética
pública y la moral administrativa[2];
velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el
cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad
administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso
creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia,
la responsabilidad social y el trabajo (art. 274).
En
todo caso, el Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía
funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto
general del Estado se le debe asignar una partida anual variable.
Su
organización y funcionamiento se debe establecer en ley orgánica.
El Consejo Moral
Republicano
La
composición
De
acuerdo con el artículo 273 de la Constitución el Poder Ciudadano se ejerce por el
Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal
General y el Contralor General de la República.
Uno
de los titulares de dichos órganos debe ser designado por dicho Consejo como su
Presidente por el período de un año, pudiendo ser reelecto (art. 274).
Las
funciones
Los
representantes del Consejo Moral Republicano deben formular a las autoridades,
y funcionarios de la
Administración Pública , las advertencias sobre las faltas en
el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias,
el Consejo Moral Republicano puede imponer las sanciones establecidas en la
ley. En caso de contumacia, el Presidente del Consejo Moral Republicano debe
presentar un informe al órgano o dependencia al cual esté adscrito el
funcionario público, para que esa instancia tome los correctivo s de acuerdo
con el caso, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en conformidad
con la ley (art. 275).
Además,
conforme al artículo 278, el Consejo Moral Republicano debe promover todas
aquellas actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución , al amor
a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, a los valores
trascendentales de la República y a
la observancia y respeto de los derechos humanos.
Los
informes anuales
El
Presidente del Consejo Moral Republicano y los titulares de los órganos del
Poder Ciudadano deben presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional
en sesión plenaria. Así mismo, deben presentar los informes que en cualquier
momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional
(art. 276).
Tanto
los informes ordinarios como los extraordinarios se deben publicar.
Las
obligaciones de colaboración con los órganos del Poder Ciudadano
El
artículo 277 establece, en general, que todos los funcionarios de la Administración Pública
están obligados, bajo las sanciones que establezca la ley, a colaborar con
carácter preferente y urgente con los representantes del Consejo Moral
Republicano en sus investigaciones.
El
Consejo está facultado para solicitarles las declaraciones y documentos que
consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos aquellos
que hayan sido clasificados o catalogados con carácter confidencial o secreto
de acuerdo con la ley.
En
todo caso, el Poder Ciudadano sólo puede suministrar la información contenida
en documentos confidenciales o secretos mediante los procedimientos que
establezca la ley.
El
nombramiento y remoción de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano
A
los efectos del nombramiento de los titulares de los órganos del Poder
Ciudadano por la
Asamblea Nacional , el Consejo Moral Republicano debe convocar
un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, que debe estar
integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad.
Dicho
Comité debe adelantar un proceso público de cuyo resultado se debe obtener una
terna por cada órgano del Poder Ciudadano, que debe ser sometida a la
consideración de la
Asamblea Nacional que, mediante el voto favorable de las 2/3
partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días
continuos, al titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración.
Si
concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional ,
el Poder Electoral debe someter la terna a consulta popular.
El artículo 279 dispone, sin embargo, que en
caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del
Poder Ciudadano, la
Asamblea Nacional debe proceder, dentro del plazo que determine
la ley, a la designación del titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente.
Por
último, la misma norma dispone que los integrantes del Poder Ciudadano puedan
ser removidos de sus cargos por la Asamblea Nacional , previo pronunciamiento del
Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley.
Competencia
La
Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de
los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los
tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses
legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos (art. 280).
La
actividad de la Defensoría
del Pueblo, en todo caso se debe regir por los principios de gratuidad,
accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio (art. 283).
El
Defensor del Pueblo
La
designación y el período
Las
condiciones
Para
ser Defensor del Pueblo conforme al artículo 280 de la Constitución , se
requiere ser venezolano, mayor de treinta años. Sin embargo, el artículo 41 de la Constitución exige la
nacionalidad venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad.
Además,
para ocupar este cargo la
Constitución exige que el designado tenga manifiesta y
demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las
exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley.
Las
faltas absolutas y temporales del Defensor del Pueblo deben ser cubiertas de
acuerdo con lo dispuesto en la ley.
Las
atribuciones
El artículo 281 precisa las siguientes
atribuciones del Defensor del Pueblo:
1.
Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en
la Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre
derechos humanos ratificados por la República , investigando de oficio o a instancia
de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento.
2.
Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y
proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de las
personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos
en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las
acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a los administrados
de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del
funcionamiento de los servicios públicos.
3.
Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas
data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones
señaladas en los numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad
con la ley.
4.
Instar al Fiscal o Fiscala General de la República
para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los
funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o
menoscabo de los derechos humanos.
5.
Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere
lugar respecto de los funcionarios públicos o funcionarias públicas
responsables por la violación o menoscabo de los derechos humanos.
6.
Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las
sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del público
consumidor y usuario, de conformidad con la ley.
7.
Presentar ante los órganos legislativos municipales, estadales o nacionales,
proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos
humanos.
8.
Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones
necesarias para su garantía y efectiva protección.
9.
Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del
Estado, a fin de prevenir o proteger los derechos humanos.
10.
Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones
necesarias para la mejor protección de los derechos humanos, para lo cual
desarrollará mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos o privados,
nacionales e internacionales, de protección y defensa de los derechos humanos.
11.
Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los
derechos humanos.
12.
Las demás que establezcan la
Constitución y la ley.
La
inmunidad
El Defensor del Pueblo conforme al artículo
282, goza de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no
puede ser perseguido, detenido, ni enjuiciado por actos relacionados con el
ejercicio de sus funciones. En todo caso del enjuiciamiento del Defensor del
Pueblo conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia.
El
régimen legal
El
artículo 283 de la
Constitución remite a la ley para determinar lo relativo a la
organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en el ámbito municipal,
estadal, nacional, y especial.
El Ministerio Público
El
Fiscal General de la
República
Conforme
al Artículo 284, el Ministerio Público está bajo la dirección y responsabilidad
del Fiscal General de la
República , quien ejerce sus atribuciones directamente con el
auxilio de los funcionarios que determine la ley.
Para
ser Fiscal General de la
República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad
de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal General de la República debe ser designado para un período de
siete años.
Las
atribuciones
El
artículo 285 define como atribuciones del Ministerio Público, las siguientes:
- Garantizar
en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías
constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos
internacionales suscritos por
- Garantizar
la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio
previo y el debido proceso.
- Ordenar
y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles
para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan
influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras
y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y
pasivos relacionados con la perpetración.
- Ejercer
en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o
proseguirla no fuere necesario instancia de parte, salvo las excepciones
establecidas en la ley.
- Intentar
las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad
civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que
hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con
motivo del ejercicio de sus funciones.
- Las
demás que le atribuyan esta Constitución y la ley
Sin
embargo, estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y
acciones que corresponden a los particulares o a otros funcionarios de acuerdo
con la Constitución
y la ley.
El
régimen legal
El
Artículo 286 de la Constitución
también remite a la ley para determinar lo relativo a la organización y funcionamiento
del Ministerio Público en el ámbito municipal, estadal y nacional, la cual
debe, además, proveer lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y
estabilidad de los fiscales del Ministerio Público. Asimismo, la ley debe
establecer las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio
de su función.
Carácter
El
Contralor General de la República
Conforme
al artículo 288, la
Contraloría General de la República está bajo la
dirección y responsabilidad del Contralor General de la República , quien debe
ser venezolano, mayor de treinta años y con probada aptitud y experiencia para
el ejercicio del cargo. Sin embargo, el artículo 41 de la Constitución exige
para ser Contralor la nacionalidad venezolana por nacimiento sin otra
nacionalidad.
El
Contralor General de la
República también debe ser designado para un período de siete
años (art. 288).
Las
atribuciones
Son
atribuciones de la
Contraloría General de la República , conforme al
artículo 289 de la
Constitución , las siguientes:
- Ejercer
el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes
públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio
de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los
Estados y Municipios, de conformidad con la ley.
- Controlar
la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros
órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.
- Inspeccionar
y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector
público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el
inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio
público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las
sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley.
- Instar
al Fiscal o Fiscala de
- Ejercer
el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las
decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas
jurídicas del sector público sujetos a su control, relacionadas con sus
ingresos, gastos y bienes.
- Las
demás que le atribuyan esta Constitución y la ley.
El
régimen legal
La
ley es la que debe determinar lo relativo a la organización y funcionamiento de
la Contraloría
General de la
República y del sistema nacional de control fiscal (art.
290).
El
régimen de la
Contraloría General de la Fuerza Armada
Nacional
En
el Capítulo relativo a la Contraloría General de la República se consagra
expresamente la existencia de la Contraloría General de la Fuerza Armada, así:
Artículo
291 La Contraloría
General de la Fuerza Armada es parte integrante del sistema
nacional de control. Tendrá a su cargo la vigilancia, control y fiscalización
de los ingresos, gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada
Nacional y sus órganos adscritos, sin menoscabo del alcance y competencia de la Contraloría General
de la República. Su
organización y funcionamiento lo determinará la ley respectiva y estará bajo la
dirección y responsabilidad del Contralor o Contralora General de la Fuerza Armada quien
será designado mediante concurso de oposición.
BIBLIOGRAFIA
ARISMENDI
ALFREDO. Derecho Constitucional. Universidad Central de Venezuela. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Derecho Público. Caracas 2006
BREWER-CARIAS
ALLAN R. La Constitución
de 1999. Derecho Constitucional Venezolano. Editorial Jurídico Venezolana.
Caracas 2004
COMBELLAS
RICARDO. Derecho Constitucional. Una Introducción al Estudio de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela Ed. Mc Grau Hill- 2001
CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA: www.tsj.gov.ve/ . Decisiones Sala
Constitucional
UNIVERSIDAD GRAN MARISCAL DE AYACUCHO
FACULTAD DE DERECHO
NUCLEO BARCELONA
CATEDRA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Profesor: Pedro León Torres L. Fecha:
Nombre
C.I. Sección:
A)
MARQUE CON UN CÍRCULO LA
OPCIÓN CORRECTA :
1.
Instar al Fiscal General de la
República a que ejerza las acciones judiciales a que hubiere
lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio
público, es una atribución de:
- La Contraloría
General de
- El Vicepresidente o
- El Presidente de
- La Asamblea
Nacional
2.
De acuerdo con la
Constitución Nacional , son atribuciones del Ministerio
Público:
Reglamentar las leyes electorales y resolver
las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan
- Discutir y aprobar
el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen
tributario y al crédito público
- Ejercer en nombre
del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o
proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones
establecidas en la ley
- Autorizar al
Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de
3. De acuerdo con la Constitución Nacional ,
son atribuciones de la
Contraloría General de la República :
Controlar la deuda pública, sin perjuicio de
las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y
Municipios, de conformidad con la ley
- Intentar las
acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil,
laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren
incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo
del ejercicio de sus funciones
- Solicitar al Consejo
Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto a
los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables de la
violación o menoscabo de los derechos humanos
- Mantener, organizar,
dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral
4. De acuerdo con la Constitución Nacional ,
son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:
- Garantizar la
celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio
previo y el debido proceso
- Presentar ante los
órganos legislativos municipales, estadales o nacionales, proyectos de ley
u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos
- Ejercer el control,
la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos,
así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las
facultades que se atribuyan a otros órganos, en el caso de los Estados y
Municipios, de conformidad con la ley
- Controlar, regular e
investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines
políticos
[2]En http://circunloquioexpress.wordpress.com/2008/10/15/etica-publica-y-moral-administrativa/ Las instituciones públicas como órganos
estadales establecidos se rigen por normativas con fuerza de ley donde se
establece de manera clara lo que de estos órganos se espera en el ámbito de la
ética pública. Así, sustantivos como honestidad, equidad, decoro, lealtad,
vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y
pulcritud parecen reflejar el debe ser, teórico y etéreo a la vez, de toda
actividad relacionada con un ente público. En consecuencia, el establecimiento de
estos ideales y principios de conducta y deberes dan lugar a sanciones para
todo aquel funcionario o funcionaria que incurran en hechos contrarios a tales
principios.
Así mismo, cuando las normas hacen referencia a la moral
administrativa, se apela a la conciencia de los funcionarios, empleados y
obreros de cualquier organismo público de actuar en todo momento concediendo
privilegio a los intereses del Estado y no a intereses particulares o de grupos
específicos, incluso en el caso de que estos enarbolaran banderas en pro de una
supuesta satisfacción de necesidades colectivas.
Comentarios